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miércoles, 27 de junio de 2018

El aborto y la objeción de conciencia en Tucumán

La objeción de conciencia es el derecho a negarse a realizar acciones que contrarían las creencias personales o religiosas. En medio del debate por la despenalización del aborto o interrupción voluntaria del embarazo, el Colegio Médico de Tucumán ha fijado una posición cautelosa a la espera de una resolución final en el debate que se dará en el Senado y que podría llevarlo a convertirse en ley.

Hector Sale, titular de la entidad fue claro al señalar que "la objeción de conciencia de médicos que no quieren realizar prácticas de interrupción de embarazo, esta reglamentada. Nadie puede obligar a un profesional a realizar algo que está contra principios religiosos o morales. Lo que deberán hacer aquí en la provincia será inscribirse en los nosocomios, en una lista donde conste que esas prácticas no las realizarán ellos. De esta manera cuando llegue una paciente al nosocomio, será el director del mismo el que deberá arbitrar los medios necesarios para que, si finalmente la ley lo permite, la práctica abortiva se realice", indicó.

También insistió que "la objeción de conciencia es personal, y no puede una institución sanitaria tener esta objeción. El hospital está obligado a brindar a la paciente que lo requiera, el servicio. Esto es independiente del pensamiento del responsable del mismo. Si una paciente llega al hospital y pide solicitar el embarazo, será el mismo director junto al personal de recursos humanos de esa entidad, los que deberán buscar a los profesionales que puedan llevar adelante la práctica, pero como institución no puede negarse bajo ningún punto de vista", aclaró.

Sale dijo también que "si una persona no está inscripta en a lista de médicos con Objeción de Conciencia y se niega a realizar la práctica abortiva, puede sufrir una denuncia penal que llega hasta los tres años de prisión y el doble de tiempo de la condena de inhabilitación de su matricula".
Por o pronto la interrupción voluntaria del embarazo ya tienen fecha, el próximo 8 de agosto, para ser tratada en el Senado, que de aprobarse podría convertirse en ley en nuestro país.

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